POLITICAS PENITENCIARIAS PANAMERICANAS

En esta etapa de cambios estructurales respecto de la política de bloques adoptada por varios países americanos, el tema de tratamientos penitenciarios y postpenitenciarios en el continente, sólo se enfoca desde un punto de vista económico con ciertas particularidades a tener en cuenta.
Dichas particularidades tienen un punto en común, no existe un criterio consensuado para no decir único, que deje claro cuales son las premisas que las instituciones penitenciarias de la región americana deben adoptar respecto de la aplicación de prácticas que no sean contrarias a las disposiciones del OPCAT, de la OEA y de la ONU en materia de derechos humanos para las personas privadas de libertad.
El silencio pone en evidencia que los estados parte de este continente, no tienen en vista un mejoramiento de los sistemas aplicados, de las prácticas asumidas ni mucho menos del mejoramiento de la calidad de vida para los privados de libertad y también de sus familias que padecen el aislamiento y la discriminación del sistema.
La pregunta es indubitable ¿PORQUE EL SILENCIO O LA FALTA DE PROPUESTAS Y CRITERIOS?
Obviamente que la respuesta surgirá en la suma de voluntades de toda la sociedad, cuando la misma se involucre definitivamente en el control del tratamiento llevado a cabo por cualesquiera de los estados parte americanos y comprenda que la situación de encierro no es algo aislado de la sociedad sino parte de la misma y con el mismo contenido de aquella, los privados de libertad también son seres humanos y deben tener no una sino un sinnúmero de oportunidades que dentro de los actuales regimenes de encierro vigentes en la región me atrevería a decir que nunca serán favorables para aquellos que alguna vez sufrieron el encierro directa e indirectamente.
A pesar de la inercia y desenfado con el que se trata el tema de los DDHH en el contexto del encierro, continuamos nuestra lucha para mejorar y humanizar el tratamiento intramuros como también optimizar las oportunidades postmuros, con el fin de consolidar la lucha contra la reincidencia en la nueva comisión de delitos y tratar de eliminar la violencia social provocada por la marginalización adoptada por el sistema.
Respecto de esto último, debo decir que siempre hemos identificado como principal factor de la violencia intramuros al ocio, a la falta de trabajo interno, a la falta de posibilidades de estudio, al hacinamiento, a la superpoblación, al hambre, en fin a un sinnúmero de factores que fomentan la generación de la violencia interna, pero en la actualidad tenemos otro elemento nuevo, la creación de cuerpos internos entre los internos de neto corte político, que son capacitados expresamente para responder a cualquier requerimiento extramuros para generar focos de violencia intramuros. Este sí es un detalle preocupante y del cual muchos activistas sociales que trabajan en cárceles e institutos, son conocedores de esta nueva manifestación de violencia, pero mantienen silencio debido a su funcionalidad política con los responsables de turno.
El tema es novedoso en Argentina, existen antecedentes en otros países latinoamericanos, hay que generar una posición por parte de todos los actores sociales para evitar que esto se transforme en una institución dentro del contexto penitenciario y nuestro silencio termine legitimando esta acción absolutamente reprochable.